La regulación laboral, como política publica ha tendido a centrarse en normativas concebidas bajo la concepción del trabajador como el débil jurídico, dejándose de lado los incentivos al empresario y a la productividad misma del trabajador, con lo cual el sistema de relaciones laborales se encuentra inmerso en un conjunto de normas que propician informalidad, desempleo e inflación.
En Venezuela existen alrededor de 18 normativas que regulan de manera directa las relaciones laborales e implican costos administrativos que deben ser asumidos por las empresas. A esa larga lista se une una nueva ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la cual es cuestionable desde la forma como fue aprobada. Esta ley cambia las concepciones modernas de alianzas empleador-empleado, sustituyéndolas por conceptos caducos que restringen las oportunidades de negociación y de trabajo conjunto en pro de la generación de bienes y servicios y riquezas en las naciones.
Debe entenderse que existe solo un camino para mejorar las condiciones de los trabajadores y ella es el incremento del capital invertido, los métodos restantes por muy populares que sean , no solo son inútiles sino que terminan por perjudicar a aquellos a los que quiere beneficiar. El presente análisis sobre el Decreto Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras revisa los costos que dicha ley implica tanto para los trabajadores como para la sociedad en su conjunto, principalmente por la perdida de oportunidades para la creación de nuevos puestos de trabajo.
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