En Venezuela, de manera sorpresiva y sobre la base de una habilitación legislativa al Presidente de la República, se aprobó una normativa mediante la cual se pretende incidir de manera directa y automática en el proceso de formación de precios, partiendo de la falsa premisa de que con ello se combatirá el proceso inflacionario que se registra en el país, cuyo promedio mensual se ubica en alrededor del 2,5%.
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